La propuesta ecuatoriana de dejar intocada a perpetuidad una cantidad de petróleo estimada en 850 millones de barriles en la zona de alta biodiversidad del bloque conocido como ITT, dentro del bosque del Parque Yasuní (ver boletín Nº 157 del WRM), marcó un cambio de rumbo hacia la dirección correcta en la estrategia de protección de la diversidad biológica. Ecuador, que basa gran parte de sus ingresos en la exportación de petróleo, evitaría la correspondiente emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono a cambio de una compensación monetaria internacional equivalente como mínimo al 50 por ciento de las utilidades que recibiría en caso de explotar esas reservas, en el marco de la deuda ecológica que las potencias industrializadas mantienen con los países del Sur, proveedores de la materia prima de su riqueza.
Se trata también de una iniciativa que conjuga la protección de la riquísima diversidad biológica de la selva tropical con la de los pueblos indígenas que la habitan y de ella dependen. Además, va en el sentido de la necesidad de no profundizar la crisis climática en la medida que evita la deforestación y la contaminante explotación petrolera. Y por último, pone en juego valores de responsabilidad y solidaridad, de los que mucho se habla, poco se practican y se tornan cada vez más imprescindibles para rescatarnos del destino de destrucción al que nos encaminamos. Constituye un paso hacia una sociedad y economía post-petroleras.